Período
1925-1973
Nacional Desarrollismo (1925 – 1973)
Con la promulgación de la Constitución de 1925 se inicia un nuevo periodo en la historia política y parlamentaria de Chile, marcado por la preeminencia del Ejecutivo por sobre el Legislativo. Se suprimen las facultades de interpelación y censura del Congreso en relación a los ministros de Estado, quienes pasan a ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Las leyes de contribuciones y de fijación de las Fuerzas Armadas pierden su carácter de periódicas y la ley de presupuestos pierde su carácter de arma política del Parlamento ante el Ejecutivo. Se prohíbe el acceso de diputados y senadores a cargos ministeriales y se entrega el control de las elecciones a un ente autónomo, el Tribunal Calificador de Elecciones. El Congreso, que permanece disuelto desde el golpe militar del año 1924, reasume sus funciones en marzo de 1926.
A pesar de este nuevo orden institucional, desde la promulgación de la Constitución de 1925 y hasta la reelección presidencial de Arturo Alessandri Palma en 1932, el país se ve envuelto en un periodo de graves convulsiones políticas. En octubre de 1925 se efectúa en Chile la primera elección presidencial directa, tal como lo estipula la nueva Constitución Política, siendo electo Presidente de la República Emiliano Figueroa Larraín. Sin embargo, el gobierno de Figueroa se ve interrumpido por los embates autoritarios del coronel Carlos Ibáñez del Campo, Ministro de Guerra y de Interior y caudillo de los militares que realizaron el “Ruido de sables” en 1924. En vista de ello, en mayo de 1927 el Presidente renuncia a su cargo, llamándose a nuevas elecciones presidenciales. El día 23 de mayo de 1927, Carlos Ibáñez del Campo se presenta como candidato único y es elegido Presidente de la República con el 100% de los votos.
El gobierno de Ibáñez se caracteriza por un acentuado autoritarismo y por la posición subordinada a la que se ve relegado el Congreso, situación que llega a su clímax en el denominado “Congreso Termal”, efectuado en 1930 y en el cual los partidos políticos dan su beneplácito para que Ibáñez elabore los cupos y listas de candidatos al Parlamento, enajenado al Congreso su carácter democrático en la elección de sus miembros. A pesar de ello, Ibáñez logra concitar un importante apoyo ciudadano, en vista de la buena situación económica por la que atraviesa el país, la que se traduce en un vasto programa de construcción de obras públicas. Así mismo, hay un importante desarrollo institucional, con la creación de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Bienestar Social, la Dirección General de Obras Públicas, la Inspección General del Trabajo y el Cuerpo de Carabineros de Chile. En materia legal destacan la promulgación de la ley de menores, de cooperativas agrícolas, el Código Sanitario y especialmente, el Código del Trabajo. Hacia el año 1931 y debido a la grave crisis económica que aqueja al país, producto del derrumbe de la Bolsa de Nueva York y de la crítica situación de la industria salitrera, Ibáñez pierde el apoyo ciudadano. La debacle económica, sumada al rechazo ciudadano al autoritarismo del régimen, provoca una oleada de protestas populares que precipita la caída de Ibáñez. El fin del autoritarismo desemboca en un periodo de aguda inestabilidad política, caracterizado por las asonadas y los golpes militares.
Se suceden en el poder Manuel Trucco, en carácter de Presidente interino, y Juan Esteban Montero, elegido Presidente de la República con un 63,93% de los sufragios. La denominada “República Socialista”, que derroca a Montero y disuelve el Congreso, siendo encabezada por juntas cívico-militares de diversa composición y orientación política. Destacan aquí las figuras Eugenio Matte, Marmaduke Grove y Carlos Dávila, quienes gobiernan desde junio a octubre de 1932. Posteriormente el general Bartolomé Blanche derroca a Carlos Dávila y, presionado por la ciudadanía, renuncia a favor de Abraham Oyanedel, gobernante interino que llama a elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1932.
Efectuadas las elecciones presidenciales en el año 1932, Arturo Alessandri Palma es electo Presidente de la República para el período 1932 a 1938. En estas elecciones el Congreso se renueva íntegramente, reflejando en su composición los cambios políticos ocurridos durante el convulsionado periodo entre 1924 y 1932. En este segundo gobierno, Arturo Alessandri se aleja de las posiciones progresistas y populistas de su primer mandato, acercándose a la derecha política y económica. Sus principales objetivos son los de imponer el orden institucional emanado de la Carta de 1925 y sanear y reactivar la economía. Para alcanzar estos fines Alessandri desarrolla un gobierno de fuerte autoritarismo, combatiendo duramente al caudillismo militar, a la izquierda marxista y a los elementos nacionalistas y nacistas. Al mismo tiempo implementa una serie de drásticas medidas económicas de corte liberal. Si bien Alessandri alcanza los objetivos planteados por su gobierno, hacia el final de su mandato el clima de enfrentamiento político se agudiza entre los diversos partidos y agrupaciones que compiten por sucederlo. En estas circunstancias ocurre la denominada Matanza del Seguro Obrero, en la cual son asesinados un grupo de 60 estudiantes nacionalsocialistas que habían intentado un golpe de estado.
Esta masacre desacredita a Alessandri, a quien se le responsabiliza del hecho, precipitando el triunfo de la oposición a su gobierno, aglutinada en el Frente Popular y de su abanderado el radical Pedro Aguirre Cerda. A partir de entonces y hasta el año 1952 Chile será gobernado de manera consecutiva por Presidentes radicales. A saber, Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1941-1946) y Gabriel González Videla (1946-1952). Durante los gobiernos radicales, este partido entra en alianza con las más diversas fuerzas políticas con el objeto de administrar el Estado y de conseguir los necesarios equilibrios que le permitan implementar sus programas gubernativos. Destaca sobremanera el impulso dado a la industrialización del país, especialmente tras la creación de la CORFO. La expansión de la educación pública, el fortalecimiento de la clase media y la plena incorporación de la mujer a la vida política al otorgársele el derecho a sufragio en 1949. De este modo, bajo las administraciones radicales es posible integrar a comunistas, socialistas, demócratas, liberales y conservadores en las más diversas combinaciones. Esta estrategia política de índole pragmática, en la que prima la negociación y la transacción política, hace del Congreso una institución de enorme influencia y de gran poder de decisión. En este periodo el Congreso y la labor legislativa asumen los nuevos problemas económico-sociales surgidos por los cambios históricos que enfrenta el país.
El Parlamento, integrado ahora por variados sectores políticos y sociales, promueve reformas en el ámbito social que favorecen a los sectores más desposeídos, impulsando una progresiva democratización en el acceso al sistema político. Sin embargo, la política de transacciones desarrollada por los radicales comienza a desdibujar las bases doctrinarias de la colectividad. Se les acusa de inconsecuencia y oportunismo y de profitar del aparato del Estado, dando cabida a la inoperancia y la corrupción. Esta acerva crítica se hace extensiva a la clase política en su conjunto, circunstancia que es aprovechada por el general Carlos Ibáñez del Campo, quien se presenta a las elecciones presidenciales de 1952 con un programa que critica frontalmente a los partidos políticos. Ibáñez promete un gobierno fuerte y eficiente que elimine la corrupción y de nuevo impulso a la economía nacional. Esta propuesta alcanza gran aceptación entre la ciudadanía, eligiendo a Ibáñez Presidente de la República por el periodo 1952 a 1958.
Durante su gestión se implementan un importante número de iniciativas institucionales, tales como la creación del Banco del Estado, el Ministerio de Minería y la Corporación de la Vivienda. Desde el punto de vista político una medida de gran trascendencia es la reforma a la ley electoral de 1958, que establece la cédula única de votación, poniendo fin al cohecho y al fraude electoral, ampliando el padrón electoral y extendiendo la ciudadanía hacia los sectores populares. Sin embargo, el programa gubernativo de Ibáñez se ve afectado por la falta de apoyo político partidario, al tiempo que fracasa en el ámbito económico. Esto lleva a que su periodo presidencial acabe sumido en graves desórdenes y protestas callejeras.
En las elecciones presidenciales la ciudadanía se vuelca hacia la candidatura de Jorge Alessandri Rodríguez, un independiente de derecha, ingeniero de profesión ajeno a los partidos políticos, quien propone un gobierno de especialistas y técnicos, “el gobierno de los gerentes”. Durante el gobierno de Jorge Alessandri se implementan programas de fomento de la vivienda y el ahorro, así como una primera reforma agraria, que si bien es de carácter restringido, implanta la institucionalidad sobre la cual se desarrollará de forma plena esta importante reforma. La gestión de Jorge Alessandri se muestra insuficiente para solucionar los graves problemas que aquejan al país, el que se ve afectado por el estancamiento económico y por demandas de cambio político de mayor envergadura. Esto lleva a la ciudadanía a concebir los cambios políticos, económicos y sociales desde visiones globales. Estas visiones ideológicas de cambio estructural aspiran a dar soluciones a los problemas nacionales a través de proyectos políticos totalizadores, hecho que contribuye a debilitar el juego político imperante hasta entonces, fundado en la negociación, el compromiso y el acuerdo y que tiene como espacio privilegiado al Congreso.
En vista de ello, en 1964 es elegido Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, destacado político demócrata cristiano que desarrolla un vasto programa de reformas estructurales. Entre éstas reformas destaca la ley de sindicalización campesina, la chilenización del cobre, la creación de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y, sobre todo, la Reforma Agraria, iniciativa de enorme trascendencia que cambiaría de manera radical la estructura social, política y económica del país. Frei implementa estas reformas bajo la institucionalidad republicana en lo que denomina la “Revolución en libertad”, haciendo referencia a una opción alternativa al programa revolucionario de la izquierda chilena, que plantea superar el Estado burgués por uno popular revolucionario.
A pesar de las importantes reformas impulsadas por la administración demócrata cristiana, hacia el fin de su gobierno la población respalda el programa de la Unidad Popular, alianza de los partidos de izquierda chilenos que encabeza el socialista Salvador Allende, quien es elegido Presidente de la República para el periodo que corre entre 1970 y 1976. Allende y la Unidad Popular levantan un proyecto político de carácter socialista, que significa profundas transformaciones en la estructura económica y en la propiedad de los medios de producción y de la banca. Así mismo, ejecuta programas sociales de auxilio hacia los sectores más desposeídos, impulsa las organizaciones populares de base, profundiza el proceso de Reforma Agraria y lleva a cabo la nacionalización de la gran minería del cobre.
Estas iniciativas son muy resistidas por los sectores conservadores de la sociedad chilena, los que sumados a la oposición de los sectores medios agrupados en la Democracia Cristiana y a las divisiones al interior de la propia izquierda, desembocan en una lógica de confrontación política aguda. Los intentos de una salida política fracasan y el día 22 de agosto de 1973 el Congreso Nacional, dominado por la oposición, declara el quebrantamiento institucional y legal de la República. En esas circunstancias, el día 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden ejecutan un golpe de Estado que provoca la muerte del Presidente Allende, el cierre del Congreso Nacional y la toma del poder por una Junta Militar.
